COMUNICADO: “Para prevenir y sancionar la corrupción es necesario tener sistemas de responsabilidades administrativas eficientes y transparentes”
Impunidad Cero | Agosto 2021Este 3 de agosto de 2021, Impunidad|Cero y la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey presentaron la investigación “La impunidad administrativa en México: la ineficiencia del sistema que genera impunidad”, la cual analiza los sistemas de responsabilidad administrativas de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y de las fiscalías de todos los estados del país y del gobierno federal (en total 132 instituciones públicas), con el fin de observar cómo están sancionando las irregularidades de sus funcionarios.
Esta investigación del abogado Darío Ángeles muestra la fuerte necesidad de mejorar los sistemas de responsabilidades administrativas del país para identificar desde un inicio las irregularidades cometidas por los servidores públicos, antes de que estas permitan la comisión de delitos relacionados con hechos de corrupción y el mal funcionamiento de la administración pública.
Los principales hallazgos de la investigación son:
- La impunidad administrativa global a nivel federal es de 80.69%, considerando los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y Fiscalía General de la República (FRG).
- Al calcular la impunidad administrativa para cada uno de los poderes federales de 2014 a 2019, en el Ejecutivo fue de 80.77%, en el Legislativo de 52.83%, en el Judicial de 14.56% y en la FGR de 100%.
- La impunidad administrativa en el poder ejecutivo federal por año de 2014 a 2019 fue: 2019, 84.80%; 2018, 92.25%; 2017, 84.53%; 2016, 78.44%; 2015, 75.74%; y 2014, 60.54%.
- Los poderes ejecutivos de Chihuahua y Querétaro son los dos con mayor impunidad administrativa, con 97.2% y 91.3%, mientras que los de Nuevo León y Chiapas cuentan con los niveles más bajos de impunidad administrativa, con 6.8% y -3.3%, respectivamente.
- Los poderes legislativos de Michoacán, Coahuila y Sonora destacan por su baja impunidad administrativa, con -36.5%, 0% y 8.7%, respectivamente. Mientras que los de Puebla y Querétaro son los que más alta impunidad administrativa tienen, con 98.8% y 84.6%, respectivamente.
- Los poderes judiciales de Jalisco, Quintana Roo y Colima registran la menor impunidad administrativa, con -61.5%, -58.3% y 8.3%, respectivamente. Mientras que el poder judicial de Campeche registra el mayor nivel, con 99.5%.
- Las fiscalías estatales con menor impunidad administrativa son Tlaxcala y Querétaro, con -87.5% y 0.9%, respectivamente. Mientras que las fiscalías estatales con mayor impunidad administrativa son Aguascalientes y Baja California, con 93.6% y 93.2%, respectivamente.
Durante la presentación, el investigador de Impunidad Cero, Darío Ángeles, dijo que el sistema de responsabilidades administrativas es esencial en la construcción de un Estado funcional, por lo que es de suma relevancia investigar cómo son sancionados los servidores públicos que incurren en irregularidades. Por su parte, Irene Tello Arista, Directora Ejecutiva de Impunidad Cero, comentó que en el proceso de esta investigación encontramos inconsistencias en el reporte de la información entre las autoridades y agregó que si las propias autoridades no saben cómo funcionan sus sistemas, no podrán mejorarlos.
Ángeles Estrada, Directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción, afirmó que esta investigación sienta las bases y abre el camino para implementar modelos que permitan medir la impunidad administrativa en el país. Finalmente, José Roldán Xopa, especialista en derecho administrativo, resaltó que uno de los primeros pasos es que las autoridades mejoren el acceso a la información y resaltó la importancia de utilizar esa información para prevenir riesgos de irregularidades de los funcionarios.
Aunque los resultados muestran una variedad de eficiencia en los sistemas de responsabilidades administrativas analizados, sigue siendo necesario generar mejor información y contar con ejercicios de transparencia proactiva por parte de las autoridades, todo esto con el fin de realizar mejores análisis sobre el funcionamiento de estos sistemas y cerrar la puerta a la corrupción y mejorar la calidad de la administración pública.
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