México, 29 de enero de 2020

Pronunciamiento sobre las próximas reformas al  Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

• El 14 y 15 de enero circularon iniciativas y anteproyectos de reforma a diversas leyes del SJPA. Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) se deslindó de dichos documentos, existen elementos para pensar que algunas propuestas de estos borradores se presentarán el próximo 1º de febrero.
  
• Las reformas propuestas en estos documentos se basan en el diagnóstico de que el SJPA ha servido de “puerta giratoria” para los delincuentes. Sin embargo, los preocupantes cambios, más que ayudar a combatir el crimen, pondrían en una situación de vulnerabilidad a prácticamente toda la población, mermando derechos fundamentales. Se trata de asuntos distintos: una exigente administración de justicia no pasa por una restricción de las libertades. 

• Todo el continente ha transitado ya a un sistema de justicia penal de corte acusatorio, iniciando procesos de transición desde la década de los 90, siendo México el último país en implementar estas reformas.
  
• Las posibles propuestas sugieren un regreso a un sistema más autoritario, como el que se tenía antes del 2008, cuando el SJPA actual ha demostrado, de acuerdo con las cifras de Impunidad Cero, ser 140% más efectivo que el anterior. Esto se desprende del “Ranking de procuradurías 2018”, en el cual se pueden comparar los rendimientos de los dos sistemas. 

• Este porcentaje de efectividad se explica principalmente debido a que el SJPA cuenta con más herramientas para reducir el rezago, como los medios alternativos de solución de controversias. 
  
• El problema central del SJPA radica en los recursos y operación del mismo y no en su estructura básica. Sin recursos, sin capacitación, sin articulación, ningún sistema funcionará. Hacia atrás no hay nada que buscar. La atención debe centrarse en mejorar las capacidades de investigación de las instancias de procuración de justicia, en la especialización y refinamiento de los peritos, en el fortalecimiento de la cooperación entre las distintas instituciones del Sistema y en el presupuesto. 

• De acuerdo con las cifras de Impunidad Cero, la probabilidad en México de que un delito se denuncie y se esclarezca es de tan solo 1.3%. En parte es la cifra negra, en parte, el bajo desempeño de los operadores, en parte, la baja confianza de la ciudadanía en las instituciones. Esta situación no puede mejorarse con cambios legislativos. El círculo vicioso debe romperse con mayor inversión y profesionalización, no modificando la estructura institucional. 

• Algunos de los cambios más preocupantes, que implicarían un brutal retroceso desde el punto de vista de derechos fundamentales, son: 
• la extensión del arraigo para todos los delitos, no sólo para delincuencia organizada; 
• la duplicación del plazo de arraigo para delitos de delincuencia organizada, corrupción y otros que, a discreción del MP, requieran mayores actos de investigación;
• la penalización de cualquier manifestación pública que busque desprestigiar o ridiculizar instituciones, personas, a la Nación o entidades políticas;
• la eliminación de la figura del juez de control;
• la inclusión del nuevo término de presunción de culpabilidad; y
• la posibilidad de utilizar pruebas obtenidas de forma ilegal. 

• Exhortamos a la FGR, a los legisladores de todos los partidos y al Gobierno de México a construir verdaderas propuestas que sirvan para mejorar el sistema actual, sin descartar un trabajo que ha tomado más de una década en implementarse y consolidarse. Se ha invertido en el SJPA y comienza a funcionar en distintas entidades, pero debemos reconocer que es un proceso largo y que necesita un compromiso firme de todos los involucrados.