La impunidad, entendida como la falta de castigo a los delitos cometidos, es uno de los grandes males que aquejan a nuestro país, pues merma el Estado de derecho, el respeto a las instituciones e impacta negativamente en el bienestar social. Es por ello de vital importancia analizar las acciones tomadas por los gobiernos para mitigarla, particularmente los niveles más cercanos a las personas.

El “Estudio sobre disponibilidad presupuestal para el combate a la impunidad” busca analizar el presupuesto destinado a combatir la impunidad a nivel estatal en México. En general, el documento trata de definir cuánto gastan las entidades federativas en este rubro, quiénes toman las decisiones sobre cuánto asignar al mismo y qué prioridad tiene este rubro en la estrategia general de gobierno.

El estudio, elaborado por un equipo multidisciplinario de economistas y abogados liderado por Arturo Ramírez, se enfocó en realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de la información pública acerca de los recursos destinados al combate a la impunidad, cuya metodología se centra en tres ejes:

(i) se procesó la información de las cuentas públicas de todos los estados de 2010-2013 y se llevó a cabo un análisis cuantitativo de la relación entre estos recursos y los niveles de impunidad en cada estado, medido por el Índice Global de Impunidad-México (IGI-MEX);
(ii) se estudiaron los procesos presupuestales a nivel estatal, mismos que generan las asignación de recursos a este fin, describiendo el proceso y señalando a los principales actores involucrados,
(iii) se estudió en forma cualitativa el nivel de prioridad que tiene el combate a la impunidad dentro de los planes estatales de desarrollo, en los cuales se refleja la estrategia de gobierno de una Administración.

Los resultados del estudio ayudarán en la toma de decisiones y en la elaboración de estudios complementarios a futuro. Se concluye que existe una gran heterogeneidad en los recursos destinados al combate a la impunidad entre las entidades federativas, identificando una relación débilmente negativa entre los mismos y el IGI-MEX. Asimismo, se concluye que para incrementar los recursos destinados a combatir la impunidad se necesita generar la voluntad política no sólo entre los gobernadores y sus secretarios de finanzas, sino también entre los congresos locales y los integrantes del poder judicial, ya que todos ellos inciden en el proceso presupuestal. Así también deberá incrementarse el posicionamiento del combate a la impunidad en los planes estatales de desarrollo.

Por recomendación de su Consejo Consultivo –integrado por líderes de distintos sectores– Impunidad|Cero generará también materiales que auxilien en la denuncia de la impunidad en sus múltiples y diversos frentes, y que sirvan de referente de la reflexión en torno al fenómeno de la impunidad.

 Nuestro Consejo Consultivo de Impunidad|Cero:

Alfredo Achar Tussie, Manuel Arango Arias, Juan Beckmann Vidal, Henry R. Davis, Luis de la Barreda Solórzano, Luis de la Calle, Gina Diez Barroso Azcárraga, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Ana Laura Magaloni Kerpel, Alejandro J. Martí García, Francisco José Medina Chávez, Federico Reyes Heroles, Luis Rubio, Pedro Salazar Ugarte, Bernardo Sepúlveda Amor.

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