¿Cómo podemos saber si existieron irregularidades en los gastos que los gobiernos estatales realizaron, y si tales irregularidades no quedaron impunes? Esto deberíamos saberlo de manera sencilla a través de los informes de revisión de la cuenta pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación y sus homólogas en estatales, sin embargo, la realidad es que no hay información disponible, y la que hay, está incompleta.

Esto puede traducirse en impunidad en hechos de corrupción, por esta razón, desde Impunidad Cero, desarrollamos la investigación sobre “Datos abiertos de fiscalización para el combate a la corrupción”. Este trabajo nos permitió evidenciar que sólo 25 estados están obligados a publicar el informe de revisión de la cuenta pública en sus portales, 18 establecen en sus leyes la obligación de hacerlo en datos abiertos, pero únicamente tres estados lo cumplen. 

Además, detectamos que 19 estados de la república tienen publicado su último informe sobre la cuenta pública de 2018, Puebla sobre 2017, Quintana Roo e Hidalgo sobre 2016 y destacan los estados de Baja California cuyo último informe publicado data de 2009 y Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas quienes nunca han publicado los informes de revisión de la cuenta pública en sus portales.

También encontramos que de las cuentas públicas de 2009 a 2014, el 37.8% de Promociones de Responsabilidad Administrativa se concentra en el Poder Ejecutivo federal (3,779),  dentro de éste es en el sector Salud donde hay más (505), mientras que sólo uno (1) está relacionado con la Presidencia. Asimismo podemos ver que más de la mitad (55.2%) de este tipo de procedimientos para sancionar irregularidades, corresponde a las entidades federativas y municipios (5,522).

Otro dato alarmante es el nivel de impunidad en las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, pues el 64.6% se encuentran en integración, sólo el 1.8% tienen sentencia, y sólo en siete asuntos se obtuvo una sentencia condenatoria, lo que equivale al .6%.

Esta investigación demuestra que las instituciones más importantes de combate a la corrupción en México no cuentan con suficiente información para conocer hacia dónde se tienen que focalizar los esfuerzos en temas de corrupción, y que tales hechos no queden impunes.

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