El Sistema Jurídico Mexicano frente a la desigualdad

La desigualdad reduce la productividad, estanca el crecimiento económico, genera inestabilidad, ineficiencia y aumento en la pobreza.

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Jurimetría: Iniciativas para el Estado de Derecho A.C. | Julio 2017

La educación es una de las mayores fuentes de desigualdad. Se sigue ampliando cada vez más la brecha entre la educación de las personas de mayores ingresos y la de los segmentos menos favorecidos. Además, el rezago educativo y en competencias traslada la desigualdad a las siguientes generaciones.

La desigualdad es uno de los mayores desafíos en México, ya que influye en el aumento de la impunidad y la vulnerabilidad de las personas (sobre todo de los menos favorecidos), provoca un deterioro creciente en la calidad de vida, reduce la actividad económica, la productividad y genera ineficiencia en la asignación de los recursos de la sociedad. La desigualdad deriva en un crecimiento nulo, raquítico o no sustentable.

La desigualdad en México afecta todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos, afectando en mayor medida a los menos favorecidos.

¿Qué es?
En la actualidad existen “trampas de pobreza” que son condiciones de marginación geográfica, alimentaria y patrimonial que retienen a millones de mexicanos en condiciones de pobreza. Su propia situación de subsistencia propicia que no puedan cambiar su condición.
 
¿Dónde o cómo ocurre?
En México en todos los ámbitos: Económico, social y muy importante, el de acceso a la justicia.
 
¿Por qué ocurre?
Las principales causas de la desigualdad son: el cambio tecnológico, la globalización, la insuficiencia o deficiencias de los servicios educativos y de salud, y las distorsiones en los mercados de capital y trabajo. Además, en México el diseño y operación del sistema jurídico contribuyen a la impunidad y exacerban la desigualdad.

El sistema de justicia formal es de difícil acceso. Por ejemplo, un estudio realizado en la Ciudad de México en expedientes de competencia mercantil, muestra que los casos en los que se disputaban montos inferiores a los seis mil pesos apenas representaban poco más de 10% de la carga total de trabajo (Magaloni y Negrete, 2002).

Formato accesible para personas con discapacidad visual 

 

 
 
 
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