El Seguro Popular surgió en el año 2004 para proteger a la población que no tenía acceso a los servicios de seguridad social. Sin embargo, las irregularidades en el manejo de sus recursos financieros no permiten cumplir con este objetivo.

Al respecto las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa, A.C. presentaron hoy la investigación “Irregularidades financieras del Seguro Popular en los gobiernos estatales” a cargo del Mtro. Julio Copo. En la presentación del estudio participaron el investigador, Luis Pérez de Acha, Jacqueline Peschard, Julio Sotelo y Federico Reyes Heroles, quienes hicieron énfasis en la importancia de erradicar la corrupción en el sector salud. “La corrupción en el ámbito de la salud (tanto irregularidades financieras como mala organización estructural) es especialmente grave por tratarse de un derecho fundamental”, dijo Jacqueline Peschard. Por su parte, el médico Julio Sotelo señaló que “las instituciones de seguridad social fueron un logro en su momento, pero ahora se han vuelto anacrónicas”.

• El modelo actual de financiamiento del Seguro Popular favorece la impunidad, pues su diversidad de fuentes de financiamiento (contribuciones de carácter federal, estatal e individual) fomenta la opacidad en la aplicación de las mismas.
• La Auditoría Superior de la Federación ha detectado el constante desvío de recursos públicos del sector salud por parte de los estados. Sin embargo, no se ha avanzado en imponer sanciones penales y administrativas a los servidores públicos responsables.
• Entre las irregularidades más comunes están la transferencia de recursos a fines no autorizados por el Seguro Popular, la compra de insumos a sobreprecio y los pagos sin documentación comprobatoria.
• Entre los estados de Baja California, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca se manejan irregularmente alrededor de 3,027 millones de pesos. Además del estudio, se presentaron catorce denuncias penales, interpuestas por Luis Pérez de Acha y Federico Reyes Heroles, contra quienes resulten responsables de delitos por hechos de corrupción relacionados con el uso ilegal de recursos financieros del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), cometidos en contra de la Hacienda Pública Federal en siete entidades federativas (Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz).

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