“Cero impunidad”, una promesa que no ha logrado cambiar la percepción de la ciudadanía en los últimos años

En el contexto del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum  y frente a una crisis persistente de inseguridad e impunidad, resulta especialmente relevante conocer cómo percibe la población el acceso a la justicia, la inseguridad, la impunidad y la corrupción en el país.  Por ello, desde Impunidad Cero hemos monitoreado por quinta ocasión las percepciones públicas de las y los mexicanos respecto a la justicia, la militarización y la impunidad en el país, a través de Percepciones de Impunidad 2025, con el fin de ayudar a conocer las fallas del sistema y contribuir a la construccio?n de poli?ticas pu?blicas.

Durante el evento de presentación, Monserrat López, analista de datos de Impunidad Cero e investigadora del estudio, resaltó que los resultados de esta edición revelan una tendencia clara: que la impunidad sigue siendo percibida como un problema estructural en México. 

Destacó la pregunta sobre prisión preventiva, en donde  7 de cada 10 personas en 2024 estuvieron de acuerdo con esta medida: “Que una persona esté en la cárcel no significa que el caso se va a resolver o que habrá justicia. Hay diferentes medidas cautelares por lo que esta medida es altamente aprobada”, agregó. 

La Maestra en Ciencia de Datos señaló que en esta edición se incorporaron nuevas preguntas para conocer la percepción sobre el desempeño institucional. “Observamos que la mayoría de las personas desconfían de estas instituciones, lo cual se refleja en la alta cifra negra que persiste en el país”, añadió.

Catalina Kühne, Directora Ejecutiva de Impunidad Cero, destacó que este estudio adquiere una relevancia particular ante las recientes reformas al Poder Judicial y los cambios en materia de transparencia ocurridos durante el último año. Señaló que es necesario “contrarrestar la narrativa oficial que sostiene que los problemas no pueden resolverse a través de instituciones civiles y que la respuesta debe ser la militarización”.

Agregó que, al plantear la pregunta sobre alternativas a la prisión, se observa que las personas sí están abiertas a otras opciones. “Seguimos enfocándonos en el castigo, pero no en cómo reparar el daño de forma integral”, puntualizó.

Asimismo destacó que los esfuerzos deberían focalizarse en las condiciones de las autoridades locales, que en su mayoría tienen pocas capacitaciones y prestaciones para un trabajo digno. “Lamentablemente, Percepciones de Impunidad, evidencia que la impunidad está inserta en la percepción social, se da por hecho”, profundizó.

Por su parte, Lizeth Montejano Torres, Coordinadora de Investigación Social y Capacitación de Perteneces, destacó que los resultados de Percepciones de Impunidad muestran una disonancia cognitiva social, en donde la ciudadanía exige el castigo inmediato, pero la estructura penitenciaria no da para garantizarla. 

Explicó que, aunque más del 70% de las personas encuestadas aprueban la prisión preventiva automática, muchas desconocen que con frecuencia implica detenciones arbitrarias o violaciones al debido proceso y señaló que “el sistema no funciona ni para las víctimas ni para las personas que se les está acusando de alguna conducta delictiva”.

Acerca de los estigmas sobre la reinserción social, destacó que aunque se piensa que la prisión puede cambiar a una persona, es importante tener en cuenta que “la reinserción no comienza hasta que la persona tiene una sentencia, debería de suceder desde el primer paso en la prisión. La reinserción se debe de dar a pesar de la prisión”, concluyó.

Desde Impunidad Cero sostenemos que enfrentar las causas de la impunidad requiere fortalecer las instituciones civiles de seguridad pública, desarrollar las capacidades de procuración de justicia y apostar por la prevención. Solo así será posible revertir el contexto de inseguridad y la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. Es fundamental que tanto las organizaciones de la sociedad civil como la ciudadanía en general permanezcamos atentos a las implicaciones y resultados de la reforma al Poder Judicial, y exijamos que se fortalezcan los primeros puntos de contacto en la denuncia de un delito: policías y ministerios públicos.

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