• Subejercicio y contratación de personal sin el perfil necesario para los cargos desempeñados en el Seguro Popular y en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), sustentan las nuevas denuncias penales. 
• Las 28 denuncias en contra de funcionarios y exfuncionarios de 14 entidades federativas, se suman a las 36 presentadas en semanas anteriores por Jaqueline Peschard Mariscal, Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha por parte de las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa. 

CDMX a 22 de noviembre del 2018.- Un paquete de 28 nuevas denuncias por posibles irregularidades financieras en el uso de los recursos asignados al Seguro Popular y el FASSA fueron presentadas hoy en contra de funcionarios y exfuncionarios de salud, finanzas y tesoreros de 14 entidades federativas: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 

Entre las irregularidades que más destacan están el subejercicio y la contratación de personal que no cumplía con los perfiles necesarios para cubrir los cargos desempeñados en áreas y actividades del Seguro Popular y del FASSA. 

Las denuncias fueron presentadas por Jaqueline Peschard Mariscal, Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha por parte de las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero quienes buscan combatir actos de corrupción en el sector salud, que es de particular relevancia para la población, al vulnerar directamente el derecho a la salud. 

El monto total de las denuncias penales presentadas hoy ante la PGR por los 14 estados asciende a $8,380 millones de pesos. Este monto se suma a las 64 denuncias presentadas en días pasados (14 denuncias presentadas el 16 de octubre, 22 denuncias realizadas el 31 de octubre), significando un total de irregularidades en el sector salud por $88,405 millones de pesos, en cinco años. 

Jaqueline Peschard Mariscal, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ex presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, destacó que: "La transparencia es el primer escalón hacia la rendición de cuentas. Esto es importante porque implica que se informe sobre las actividades y las erogaciones realizadas y sobre todo que se avise sobre las faltas o desviaciones encontradas y que existan consecuencias o sanciones y se responsabilicen de sus actos a los funcionarios correspondientes". 

El objetivo general del Seguro Popular es prestar servicios de salud a la población que no tiene acceso al IMSS, ISSSTA o a otro régimen de seguridad social. Por su parte, el FASSA se creó para que los estados presten servicios de salud a la población abierta. El subejercicio que se presenta en estos fondos es un problema estructural y recurrente en los estados, se trata de recursos públicos federales que las instituciones de salud locales dejan de utilizar año con año, y que se traduce en la falta de atención médica para miles de mexicanos que tiene como única opción el Seguro Popular y los servicios del FASSA. 

Con estas 64 denuncias, las asociaciones Justicia Justa e Impunidad Cero promueven un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante una autoridad federal, en este caso la PGR. a fin de que se investiguen las irregularidades detectadas por la ASF en los informes de Cuenta Pública por los años 2012 a 2016. 

La impunidad en estas irregularidades funciona como un incentivo perverso para seguir haciendo mal uso de los recursos públicos. Si los estados saben que las irregularidades han sido detectadas por parte de la autoridad correspondiente, pero se les condona y no se sanciona a los funcionarios responsables, se genera una autorización tácita por parte del gobierno para seguir cometiendo estos abusos. Al final las personas que menos recursos tienen son las más afectadas por estas irregularidades, el monto de irregularidades que año con año detecta la auditoría se traducen en que una persona no reciba el tratamiento que necesita en una clínica del Seguro Popular. 

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