EL GOBIERNO CAPITALINO OTORGA PERMISOS Y CONCESIONES PARA TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS CON DOCUMENTOS INVÁLIDOS

Ciudad de México, 7 de noviembre de 2016

• Bajo el argumento de operar bajo “el principio de buena fe”, la Secretaría de Movilidad acepta pólizas de seguros expedidos por instituciones, conocidas como mutualidades, que no están reguladas ni reconocidas por la CNSF y la CONDUSEF.
• Las quejas en contra de dichas organizaciones superan en seis veces a las presentadas en contra de seguros comerciales.

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI), de la Ciudad de México expide permisos y concesiones para transporte público de pasajeros a quien entrega documentos expedidos por instituciones, conocidas como mutualidades, que no están reconocidas ni reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

Una investigación realizada por Impunidad Cero, organización conformada por especialistas e instituciones a favor de la legalidad, evidenció que el gobierno de la Ciudad de México no garantiza la protección a usuarios del transporte público de pasajeros y población en general en caso de un percance, toda vez que existen unidades que están “protegidas” con mutualidades, las cuales no cuentan con el respaldo financiero para cubrir la indemnización.

De acuerdo a la Ley de Movilidad del Distrito Federal, Artículo 90, entre los requisitos que deberán cubrir los interesados en obtener y mantener un permiso para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros o de carga, se encuentra la contratación de una póliza de seguro vigente para “indemnizar los daños y perjuicio, que con motivo de dicha actividad pudiese ocasionar a los usuarios, peatones, conductores o terceros en su persona o patrimonio.

Sin embargo, de acuerdo a la solicitud de información pública, con número de folio 106500087716, la SEMOVI afirmó que “la documentación presentada por los concesionarios se sujetará al principio de buena fe, mismo que estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad”.

La Secretaría asegura que “si dichos documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables, esto de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal”.

No obstante, lo cierto es que existen operadores de taxis, microbuses y camiones que han obtenido el permiso correspondiente presentando una póliza expedida por una mutualidad, entidad que, a decir de la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (CNSF) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), no están reconocidas, no son supervisadas y no tienen permisos para operar.

De acuerdo a la CONDUSEF, se conoce como “Mutualidad” a las asociaciones de personas que sin dar pólizas o contratos, conceden a sus miembros coberturas en caso de muerte, beneficios en los de accidentes y enfermedades o indemnización por daños (principalmente de automóvil), entre otros.

Entre las mutualidades que operan fuera de la ley pero cuyos documentos son aceptados por el gobierno capitalino se encuentran Alianza de Permisionarios y Conductores de México, El Grupo Mutualista Lidmex, Seguros Gómez y Grupo Mutualista & Lic.s de México, pues así lo demuestran documentos a los cuales se tuvo acceso.

Cabe mencionar que estimaciones de la organización Rutas Unidas AC, encabezada por José Antonio Sánchez Escalante y que aglutina a 26 rutas de transporte público con más de seis mil 500 unidades, el 90 por ciento del transporte público concesionado de pasajeros opera con mutualidades.

El problema adquiere mayores dimensiones porque la CONDUSEF advierte que debido a que las mutualidades no están reguladas, una queja por la falta de cumplimiento con un tercero no podrá ser atendida por la Comisión.

“Una parte del transporte público en la Ciudad de México se encuentra bajo la modalidad de mutualidad (…), no se trata de instituciones financieras autorizadas, y la CONDUSEF no estará facultada para defender los derechos (del afectado), en caso de que no atiendan su obligación”, alerta la Comisión.

Las quejas que recibe la Comisión en contra de dichas organizaciones son entre cinco o seis veces más de las que atiende respecto a seguros comerciales.

Por lo anterior, en caso de algún accidente del servicio público concesionado de pasajeros, los afectados (usuario, peatones, automovilistas, etc.), quedan en total indefensión, mientras que las autoridades y operadores o titulares de las unidades sin problema alguno. Un caso más de impunidad.

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