Analizar el desempeño de las instituciones de procuración de justicia, reconocer sus avances e identificar áreas de oportunidad es fundamental para poder hacer frente a los altos niveles de impunidad en el país.

Esta cuarta edición del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2021 analiza ocho indicadores distribuidos en tres grupos: estructura, operación y resultados. Por primera vez, se incluye el indicador de transformación digital debido a que, la pandemia del covid-19 hizo evidente la necesidad de que las instituciones de procuración de justicia cuenten con canales alternativos de contacto con la ciudadanía, como plataformas digitales de denuncia, además de sistemas informáticos eficientes para la sistematización de la información que generan.

Para poder analizar hacia dónde se dirige la procuración de justicia en el país, el IEDF 2021 analiza las tendencias históricas de los indicadores que lo componen. Estos son los principales resultados:

• Para 2020, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca disminuyó a 1.04%. A pesar de que de 2017 a 2019 la probabilidad de denuncia y esclarecimiento de un delito presentó una tendencia al alza (pasó de 0.9% a 1.32%).

• Nuevo León ocupa el primer lugar del IEDF, con un total de 68.6 puntos de 100, seguido de Yucatán (68.4), Chihuahua (65.5), Guanajuato (63.6) y Sonora (61.5).

• Puebla se encuentra en el último lugar con 36 puntos, seguido de Morelos (36.1), Veracruz (36.2), Nayarit (37.3) y Oaxaca (40.2).

• La tasa de fiscales o agentes del MP por cada 100 mil habitantes a nivel nacional aumentó 23% de 2016 a 2020, pasando de 8.4 fiscales o agentes del MP a 10.4.

• En 2021, 10.9% de personas declararon que confían mucho en el MP estatal y en los últimos seis años la confianza en estas instituciones ha aumentado 12.4%.

El IEDF 2021 muestra que existen algunas tendencias positivas que van en el sentido de mejora de la procuración de justicia en México. Sin embargo, este estudio también señala que todavía queda un largo camino por recorrer para identificar y replicar buenas prácticas y, sobre todo, para contar con instituciones sólidas que reduzcan la impunidad.

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