El homicidio es uno de los delitos más graves, así como un indicador fundamental de la violencia y la calidad de vida que experimenta una sociedad. Esto en virtud de que resulta muy clara la noción material y legal de homicidio intencional y su medición suele ser precisa —es decir, no suele haber subreporte (cifra negra)—, pues al realizarse el levantamiento forense de un cadáver o al morir una persona por causas no naturales se registra el homicidio y se comienza una investigación criminal. Sólo fenómenos registrados en algunos países, como las inhumaciones clandestinas, la desintegración de cadáveres y las desapariciones, plantean una brecha entre los registros oficiales y la magnitud real de este delito. La mayoría de los países comparte el concepto legal de lo que es un homicidio intencional (llamado también, legalmente, “doloso”). Además de este aspecto normativo, el homicidio suele ser una variable fácil de medir, por lo que los criminólogos normalmente lo utilizan como un indicador útil para estimar el nivel de violencia de una sociedad y compararlo con los de otras sociedades. 

Recientemente algunos estudios internacionales sugieren que considerar el número de condenas respecto del total de delitos puede generar un incentivo perverso al considerar una absolución como un indicador de ineficiencia o inefectividad. Se argumenta que el sistema de justicia, y los jueces de Latinoamérica en particular, tienen ya demasiada presión mediática, como para agregar aún más a través de indicadores de impunidad. Si únicamente consideramos las sentencias por homicidio doloso (tanto absolutorias como condenatorias), la impunidad nacional para este delito durante 2014 sería de 75.6%.

 Con la base de datos de la UNODC y tomando en consideración el total de homicidios intencionales ocurridos, así como el número de personas condenadas por este delito, se pudo estimar la impunidad para los países con los que se contaba con información. Es importante considerar que estas comparaciones deben realizarse con cautela, debido a las diferencias que pueden existir entre definiciones jurídicas de los delitos en los países, así como metodologías distintas para el registro de la información; sin embargo, esta información sirve para hacer notar las diferencias entre países y ubicar la posición de México.