La procuración de justicia en México representa el primer punto de contacto entre la ciudadanía y el sistema de justicia. Las fiscalías y los ministerios públicos concentran la mayor parte de las denuncias, por lo que evaluar el desempeño de sus instituciones, permite dimensionar la crisis de impunidad que enfrenta el país.

Por quinta ocasión, desde Impunidad Cero presentamos el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2026, en el que, a través de ocho indicadores divididos en tres grupos (estructura, operación y resultados) analizamos las tendencias históricas para poder responder en dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos en materia de procuración de justicia. 

Algunos de los hallazgos:

• Nuevo León es la fiscalía mejor evaluada con 61.8 puntos, principalmente por sus indicadores de percepción ciudadana y operación. Le siguen Guanajuato (61.6), Aguascalientes (58.3), Chihuahua (58.2) y Baja California (57.9).
• Las fiscalías peor evaluadas son Tlaxcala con 24.9 puntos, Morelos (25.0), el Estado de México (25.9), Veracruz (29.9) y Guerrero (30.1). 
• En 2016, la probabilidad de que un delito fuera denunciado y esclarecido era del 1%. En 2024, es del 1.47%. En ocho años, el avance es de menos de medio punto porcentual. De cada 100 delitos que ocurren en México, 99 quedan impunes.
• En 2016, 29% de quienes denunciaron un delito tardaron más de cuatro horas en el Ministerio Público. En 2024, esa cifra subió a 34%. 
• La tasa de personal sustantivo por cada 100 mil habitantes aumentó de 20.3 en 2016 a 35.5 en 2024. 
• Para 2025, la fiscalía con mayor confianza fue Nuevo León con 20.8%, casi el doble del promedio nacional (11%); mientras que las fiscalías que tienen la menor confianza son Ciudad de México (4.1%), el Estado de México (5.3%) y Quintana Roo (7.2%)  

Cinco ediciones del IEDF permiten afirmar con evidencia que el cambio en el sistema de procuración de justicia en México es posible, pero que al ritmo actual, es demasiado lento. Mejorar requiere inversión, distribución equitativa de recursos y apostar por la transformación digital; y sobre todo, que las fiscalías sean evaluadas, comparadas y obligadas a rendir cuentas ante los ciudadanos. 

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